Colombia, al igual que muchos otros países latinoamericanos, está apostando fuerte por la facturación electrónica, pero ¿Están las empresas colombianas preparadas para emitir y recibir facturas electrónicamente? ¿Cuáles son los últimos cambios llevados a cabo por la DIAN?
¡Te lo explicamos todo en el siguiente artículo!!
Un poco de historia
En abril de 2016, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) emprendió el “Plan Piloto de Factura Electrónica”. Fue un proyecto en el que participaron 58 empresas colombianas, con el fin de detectar y corregir posibles errores en el modelo de facturación.
El 29 de Diciembre de 2017, se publicó un decreto en el cual se exponía que; “todas las empresas que solicitaron rangos de numeración para factura electrónica conforme al decreto 1929 durante los cinco años anteriores, tenían seis meses para sumarse a la facturación electrónica”.
El pasado 5 de Mayo de 2020, se publicó la Resolución 000042, a través de la cual se da a conocer las definiciones, condiciones y fechas que se deben seguir para la implementación de la facturación electrónica en el ámbito Nacional Colombiano, siendo el 1 de Noviembre de ese mismo año, la fecha inicial para que todas las empresas se sumasen a esta implementación.
¿Qué objeto tiene acatar la norma?
El objetivo principal es que entre los contribuyentes del país se puedan reducir las altas tasas de evasión fiscal de Colombia y minimizar los costos económicos, aumentar la sostenibilidad e incrementar la eficiencia en las empresas
¿Cuáles son las principales exigencias del conglomerado de normas vigentes?
- Todas las facturas electrónicas requieren validación por la DIAN previamente a su expedición.
- Los fallos de comunicación electrónica que impidan la validación previa deberán corregirse antes de 48 horas.
- La facturación electrónica aplica a las operaciones de compra y venta de bienes y servicios, pagos de nómina, exportaciones, importaciones y los pagos a favor de “no responsables” del impuesto sobre las ventas (IVA).
- En el año 2020, solo se permitirá la facturación del 30% de los impuestos descontables, reduciendo dicho porcentaje al 20% y 10% para los años 2021 y 2022 respectivamente.
- La DIAN ofrece un facturador gratuito para empresas o personas que no realicen grandes operaciones. Para las empresas con grandes operaciones que quieran soportar su facturación ante la DIAN, podrán optar por el uso de proveedores tecnológicos o por mecanismos propios de facturación.
- Las empresas que no facturen electrónicamente no se le permitirá la deducción de sus gastos de la renta.
- Las empresas que contraten los servicios de un proveedor de facturación electrónica pueden suscribir pólizas de responsabilidad fiscal ante los eventuales inconvenientes que se presenten frente a la DIAN en relación con el reporte enviado.
- La facturación electrónica implica tanto la emisión de facturas electrónicas, como la recepción de las facturas de proveedores.
¿Cuáles son los cambios más recientes?
- Simplificación de las responsabilidades fiscales, dentro de la que se incluye un valor que identifica la situación de no ser responsable fiscal.
- Reducción de 12 a solo 3 categorías o tipos de documentos electrónicos (Estándar, AIU y Mandatos).
¿Qué consecuencias tiene incumplir la norma?
Por ejemplo, una empresa que expida factura sin los requisitos solicitados por la DIAN, puede afrontar multas equivalentes al 1 % del valor de las operaciones facturadas, sin exceder un máximo de 950 UVT; aproximadamente 32 millones de pesos. Por no cumplir con los plazos la multa será hasta de 15.000 UVT.
El artículo 657 contempla el cierre temporal del establecimiento a todas aquellas empresas que reincidan en el incumplimiento de los requisitos legales para la generación de facturas electrónicas.
¿Qué puedo hacer si no cuento con un sistema adaptado a la recepción de facturación electrónica?
En AmyPro contamos con una amplia trayectoria en la recepción de archivos de facturas electrónicas e integración con el ERP. Ofrecemos el servicio de recepción de facturas de terceros, validación de la información y ajuste de los mecanismos de estructuración conforme a los cambios normativos que se presenten.
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